Por: David Arce Rojas[1]
El diseño de una política pública energética[2], arropada por la incertidumbre que ocasionan los efectos de la pandemia, la hambruna mundial[3], la crisis económica causada por la inflación, la invasión de Rusia a Ucrania que genera una interrupción a la cadena de suministros, especialmente de fertilizantes y detonadores, incrementa los precios de la energía, de los combustibles y de los alimentos. No es una tarea fácil para ningún gobierno y, en especial, para el nuevo en Colombia, basado en la academia y en las ideas políticas, y que deja de lado el conocimiento científico y económico de esta industria.
La perspectiva prohibicionista del “fracking” (fracturamiento hidráulico), con la intención de cumplir metas internacionales de “carbono neutral”, conlleva a la pérdida de foco de una política que se ajuste a la realidad colombiana, en donde la industria de los hidrocarburos coexiste con las energías renovables, fomenta la transición energética y, lo más importante, aúpa la conservación del ambiente, la inversión extranjera y aporta ingentes recursos a la inversión social.
La política pública debe ser asumida desde una posición crítica, que sobresee los criterios basados en prejuicios y desinformación, para que esta sea orientada con evidencias científicas y técnicas, que no políticas. Por ello, esta política debe sustentarse en (i) una posición responsable frente a la agenda global del cambio climático[4], (ii) la coyuntura de los mercados energéticos en el contexto geopolítico en la que Colombia es un país productor; y (iii) reconocer las implicaciones de la dependencia energética de terceros países (Ej. Venezuela o Estados Unidos)
Desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, esta política debe basarse en (i) un acertado entendimiento y aplicación del principio de precaución ambiental[5], hasta la fecha erróneamente aplicado en Colombia, donde se les ha atribuido ausencia de certeza científica a los impactos identificados y estudiados, y las cortes han fallado en consecuencia. Los Planes Piloto de Investigación Integral (PII), cuya naturaleza científica permite conocer los efectos ambientales y sociales para mitigarlos con los Planes de Manejo[6], y mejorar los ya vigentes. No se puede politizar ni judicializar el principio de precaución. Por lo tanto, se debe pasar de la teoría a la práctica por medio del desarrollo de planes piloto que, basados en el conocimiento científico y la investigación, darán claridad a los efectos ambientales y sociales por mitigar y a las mejoras que hay que hacerle a la reglamentación. Finalmente, no judicializar la discusión técnica bajo la sombrilla de un errado entendimiento del principio de precaución. Este escenario somete a un gran riesgo el concepto de desarrollo sostenible por la subjetividad judicial. El principio de precaución es de entendimiento preciso, veamos, este exige que en el proyecto, obra o actividad la presencia de peligro de daño, que este sea grave e irreversible, que exista un principio de certeza científica , así esta no sea absoluta ósea no identificado científicamente que no tenga forma de evitar su existencia y no se pueda impedir la degradación del ambiente y por lo tanto no se debe otorgar autorización ambiental hasta que este sea identificado científicamente, esta debe ser motivada. Luego de identificado el riesgo debe prevalecer el principio de prevención, es decir conocidos los impactos se deben aplicar los planes de manejo ambiental que regulan responsablemente estas afectaciones. En caso de la técnica del fracturamiento nos encontramos en la segunda hipótesis, es decir se conocen científicamente los riegos y a ellos le son aplicables las medidas responsables de prevención.
La técnica del fracturamiento hidráulico se utiliza desde los años 40 en yacimientos convencionales en Canadá y Estados Unidos y desde los 60 en yacimientos no convencionales. Debido al estudio y al perfeccionamiento de esta técnica, Estados Unidos, en el 2017, logró autosuficiencia en gas y se convirtió en el mayor productor de petróleo, superando a Arabia Saudita. En Colombia, en el 2012 se expidió la primera resolución sobre esta tecnología. Y luego de un trasegar de actos administrativos y demandas contra los mismos, el 7 de julio de 2022, el Consejo de Estado desestimó los cargos y las pretensiones contra los decretos y resoluciones que establecen los procedimientos y criterios que reglan el uso del fracturamiento hidráulico en Colombia en los proyectos piloto y estos se puedan adelantar con la finalidad de seguir acopiando evidencia científica que afiance el uso de esta tecnología en la industria
La presencia de esta clase de yacimientos en otros países generó la utilización de dos técnicas muy utilizadas por la industria de tiempo atrás (i) El fracturamiento hidráulico, que busca mejorar la permeabilidad[7] a partir del fracturamiento de la roca con inyección de fluido a alta presión (normalmente agua) con un material que mantenga la fractura abierta y ciertos químicos que favorecen la inyección del fluido; y (ii) la perforación horizontal, que es el direccionamiento del pozo de manera horizontal y no vertical o paralelo a la inclinación de la roca de interés.
Previo al uso de esta tecnología se hacen varios estudios como, (i) Geomático, que indica el comportamiento de la roca con el fracturamiento para evitar los riesgos que podría ocasionar la fractura. (ii) Estudio del agua, pues se requieren 119.000 barriles (18.912 M3 de agua) esto equivale a 5.01 piscinas olímpicas, agua que será utilizada una sola vez en toda la vida útil del pozo. Es por esto por lo que el uso del agua es un riesgo mitigable. En Colombia según el IDEAM en su último estudio nacional del agua de 2018, la demanda hídrica nacional está compuesta de la siguiente manera: Agrícola 43%, Energía 24.31%, Pecuario 8.23%, Piscícola 8.10%, Doméstico 7.36%, Industria 2.88%, Minería 1.79%, Hidrocarburos 1.56%, Servicios 1.53% y Construcción 1.17%. También se afirma que el agua que se utiliza en esta técnica contamina otros acuíferos, si bien existe una probabilidad del 1% de que algo ocurra en la integridad del pozo, el resto del 99% de no ocurrencia de un suceso alguno se evita con el estándar de una buena cementación del pozo, su revestimiento y la adherencia del cemento.
Se argumentan otros riesgos como son (i) la producción de material radiactivo. Es de aclarar que todos los elementos de la naturaleza poseen radioactividad natural y que esta tiene unos niveles que no son nocivos para la salud. (ii) La sismicidad inducida: según los estudios realizados la probabilidad de que este riesgo se materialice es del 0.00003%, es decir 3 casos en 1.000.000 (un millón) de operaciones realizadas (iii) Emisiones diferentes: esta técnica no genera emisiones diferentes a las de los yacimientos convencionales, como son gases de combustión, como, por ejemplo, metano, orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno. Y todas estas emisiones se disminuyen con el uso de la tecnología que se utiliza hoy.
La industria de los hidrocarburos es fundamental para la economía colombiana, en los últimos 20 años llegó a generar más del 40% de los ingresos de la balanza de pagos[8] y un poco más del 70% de las exportaciones y del 85% de la inversión extranjera. Informes de Bancolombia destacaban que entre 2007 y 2017 los ingresos del petróleo representaban el 9% del PIB[9], 70% de las exportaciones, más de 153 billones de pesos en regalías[10], impuestos y dividendos, 12% de los ingresos corrientes de la nación[11], el 29% del presupuesto total de inversión[12] del presupuesto general y 1 de cada 4 pesos de las finanzas públicas. Esto demuestra la importancia de esta industria para el país. Con la claridad de que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo.
En este orden de ideas, poner en práctica esta tecnología es una oportunidad para obtener más recursos provenientes de esta industria con consecuencias positivas como generación de empleo, incremento de las regalías, acceso a energía, efectos ambientales favorables, como en la calidad de aire, impacto social a las comunidades más vulnerables, y reducción de la deforestación ( en Colombia hay cerca de 6 millones de personas que cocinan con leña), entre otros beneficios, como reducir la pobreza multidimensional, la cual se supera, en gran medida, al contar con energía segura y asequible, según el DANE.
El fracturamiento hidráulico probado, como está por la ciencia, es una técnica que el país no puede darse el lujo de no utilizar para dar el salto social del crecimiento económico[13] al desarrollo económico[14].
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[1] Presidente de la Consultora www.arcerojas.com y profesor de varias universidades por más de 35 años.
[2] De la lectura del documento “FRACKING: fracturación hidráulica con perforación horizontal: Oportunidades y retos para garantizar la seguridad energética y el desarrollo social en Colombia” editado por el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga (ICP) publicado el julio 2022. Tomo sus principales argumentos, los complemento y expreso mi opinión. Felicito al ICP por este estudio que nos da luces y argumentos para entender de mejor manera esta técnica.
[3] ONU. 768 millones de personas en el mundo sufrirán de hambruna. Fuente: FAO Colombia, Haití y Honduras están en la lista de países en riesgo de hambruna para 2022. 7.3 millones de colombianos
[4] Colombia solo aporta el 0.2% de gases efecto invernadero de las emisiones globales, siendo las principales el CO2, que se combate atacando la deforestación de nuestros bosques y utilizando fertilizantes orgánicos como la roca fosfórica, y el CH4, metano, que es el fuerte impulsor del cambio climático, siendo los más aportantes la ganadería, 30%, la industria petrolera, el 25%; basureros, el 20%; minería del carbón, el 12% y cultivos de arroz, el 8 %, razón por la cual, en el COP26 en Glasgow, Colombia se ha comprometido a reducir en 30% estas emisiones para el 2030.
[5] El principio de precaución es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo.
[6]Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un conjunto detallado de actividades que, producto de una evaluación ambiental, está orientado a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
[7] La permeabilidad es la capacidad de la roca o del terreno para transmitir agua u otros fluidos.
[8] La balanza de pagos es el registro de todas las transacciones comerciales realizadas entre los actores económicos de un país y el resto del mundo, dentro de un período determinado. Considera las exportaciones e importaciones de bienes, servicios, capitales financieros y transferencias.
[9] El producto interno bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado.
[10] La regalías son un pago obligatorio por el derecho a explotar un recurso natural de la nación .
[11] Son los ingresos de carácter permanente que se generan de la actividad normal del estado y se clasifican en tributarios y no tributarios.
[12] Presupuesto de inversión se refiere a los recursos que el Gobierno destina para crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y producción de bienes. También se conoce como gasto de capital.
[13] Es la evolución que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado generalmente medido en años.
[14] Es la capacidad productiva de una nación, pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos que se refleja en la calidad de vida
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